por Juan Pablo Menchón
El 13 de octubre, Argentina vivió el primer debate presidencial obligatorio de su breve histórica democrática. A todas luces fue un episodio gris, que probablemente solo sobreviva en nuestra memoria colectiva por la relevancia institucional de haber generado una nueva plataforma de difusión que va más allá de las campañas de marketing formal y los memes que inundan las redes.
Desde casi todo punto de vista, fue significativamente menos dinámico que aquel que sucedió en el 2015, cuando aún no existía una ley y los organizadores de Argentina Debate pudieron asignar un rol activo a los periodistas que oficiaban de moderadores. Podríamos decir que en el caso de este encuentro se hubiesen grabado a cada candidato por separado para luego editar un debate completo, casi ninguno de nosotros hubiese notado la diferencia.
Irónicamente, fue la misma ley creada para institucionalizar el dialogo y la promoción de propuestas la principal responsable de establecer las restricciones y obstáculos que impidieron que este intercambio suceda. Esto se debe fundamentalmente a que tanto sus creadores como sus promotores buscaron un modelo que pudiera deslizarse por el poder legislativo sin ofender ni asustar a nadie. El precio de esta tibieza está a la vista.
Por supuesto que hubo elementos destacables. El respeto del público ante las declaraciones de propios y ajenos, la asistencia perfecta de todos los candidatos, la mínima cantidad de chicanas que frecuentemente suceden en estos ámbitos y la preparación de varios de los candidatos evidencian que hay una plataforma desde la cual se puede construir hacia arriba. Cabe destacar también que este encuentro contó por primera vez con la presencia de un presidente en ejercicio, cosa que no ocurrió en del debate anterior.
En ese sentido, el saldo del evento fue positivo, aunque sea solo por el hecho de haber generado un espacio de encuentro entre candidatos. Sin embargo, un diagnóstico más profundo del evento indica que Argentina es un país sin cultura de debate y sin cultura de dialogo.
Este déficit se hace evidente en todas las esferas del poder. Hoy celebramos que los candidatos al poder ejecutivo nacional se hagan presentes de manera conjunta en un escenario mientras que aquellos que se postulan a la gobernación de las provincias y municipios, en la gran mayoría de los casos, pueden esquivar esta responsabilidad cívica, gozando de la asimetría que dan los abultados fondos de campaña y los aparatos de comunicación institucional de los gobiernos locales para llegar al electorado empleando hasta el dinero de las arcas públicas.
Parecería ser que la casta política aun no cree que el debate público sea una cuestión relevante para el electorado, el cual, para hacer un mea culpa, tampoco se ha manifestado masivamente reclamando que este suceda. En se sentido es un estadio similar al del huevo y la gallina, en el cual no sabemos si no existe porque no se demanda o no se demanda porque no se sabe que puede existir.
Tal vez el tiempo demuestre que la única vía para que el debate entre candidatos comience entrar dentro de la normalidad de una campaña sea por medio de imposiciones legales que obliguen a aquellos candidatos que se benefician con el silencio a hacerse presentes ante sus electores.
Desde una perspectiva optimista, podemos contemplar la posibilidad de que este primer experimento de debate presidencial sea el puntapié inicial para que otros niveles de gobierno tomen el ejemplo y comiencen a reproducirlo en una especie de derrame de valores. Pero aún estamos muy lejos de que esta excepción se transforme en una regla.
(*): Politólogo. Integrante de la Fundación para la Investigación y Debate de la Argentina Contemporánea (FIDAC).